ADICIÓN AL ARTÍCULO 96 DEL CÓDIGO PENAL VIGENTE EN EL ESTADO (1ª parte)

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Actualmente, cuando hablamos de la palabra “pena” nos referimos a la restricción o a la privación de derechos que se ejecutan de manera efectiva en la persona del sentenciado. La pena es, entonces, la ejecución de la punición.

Esta es la fase ejecutiva y queda conformada cuando el sentenciado queda a disposición de las autoridades administrativas para ser recluido en el Centro de Reinserción Social correspondiente.

Es aquí donde se está ante la etapa ejecutiva (administrativa). Hoy en día puede decirse, a manera de fórmula, que a delito igual corresponde una pena igual; sin embargo, existen variantes que pueden modificar la penalidad, como el arbitrio judicial, las circunstancias atenuantes, así como las circunstancias agravantes.

En resumen, tenemos que por pena debemos de entender la ejecución real y concreta de la punición que el Estado impone a través del órgano jurisdiccional correspondiente (juez penal), con fundamento en la ley, al sujeto de quien se ha probado su responsabilidad penal por la comisión de un delito, esto a través del “ius puniendi”, que se puede definir como el derecho que tiene el Estado de imponer y aplicar penas. Las penas en sí mismas tienen las siguientes características:

  1. A) Debe de ser intimidatoria, o sea que debe preocupar o causar temor al sujeto para que no delinca.
  2. B) Debe ser aflictiva, porque debe causar cierta afectación o aflicción al delincuente, para evitar futuros delitos.
  3. C) Ejemplar, debe ser un ejemplo en los planos individual y general para prevenir delitos.
  4. D) Legal, ya que siempre debe provenir de una norma legal; previamente debe de existir la ley que le da existencia (Nulla pena sine lege).
  5. E) Correctiva, en virtud de que toda pena debe tender a corregir al sujeto que comete un delito.
  6. F) Justa, la pena no debe ser mayor ni menor, sino exactamente la correspondiente en la medida del caso de que se trata. Tampoco debe ser excesiva en dureza o duración, ni menor, sino justa.

Pues bien, actualmente en la práctica se han presentado casos de reos que, sentenciados por diversos delitos no graves, cuentan con una edad superior a los 70 años, volviéndose así personas seniles que en muchos casos requieren de cuidados especiales a consecuencia de que con la senectud disminuye su capacidad física, aumenta su riesgo de contraer enfermedades y pierden sus facultades hasta el grado de que algunas se vuelven incapaces de valerse por sí mismas, ya que pierden agilidad, por lo que se les dificulta inclusive el acceso a ciertos lugares distantes, algunas otras personas mayores de edad requieren de dietas o cuidados especiales o padecen alguna enfermedad, por lo que necesitan algún tratamiento médico en particular que debe ser costeado por el Estado.

En ese orden de ideas, se propone que los reos sentenciados (ya que se haya comprobado su responsabilidad penal en la comisión del ilícito por el que fue sentenciado) y que sean mayores de 70 años y/o que presenten alguna de las situaciones de vulnerabilidad antes mencionadas (enfermedades graves), puedan terminar de purgar su condena en su domicilio, obviamente quedando excluidos de este “beneficio” los sentenciados por delitos graves, por delincuencia organizada, etcétera.

Licenciado Arturo Reyes Elizondo

Juez penal de Apan

 

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