Cándido, Campa, fiscalía inutil y la falla del mecanismo

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Por Rogelio Hernández López

El asesinato del colega veracruzano, Cándido Ríos Vázquez, destapó al menos tres anomalías del presuntuosamente llamado sistema de protección a la libertad de expresión:

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de gobernación festinando que no fue ultimado por ser periodista. Al anticipar el movil del crimen  transgrede las normas del nuevos sistema penal acusatorio que debe basar sus juicios en la investigación criminalística.

Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, quien el 20 de agosto cumplió cien dìas como fiscal especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), reveló a la Cámara de Diputados que únicamente tiene abiertas siete investigaciones por el delito de homicidio. Esto a pesar que se tienen registros de 59 asesinatos en este sexenio, 13 de ellos en este año. O sea que mostró la inutilidad de la Feadle en las investigaciones a pesar de que tiene obligación y derecho de atraer los casos por mandato del código federal de procedimientos penales.

E, igual de preocupante es la anomalía del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas que mostraron los periodistas y defensores de su Consejo Consultivo la mañana del jueves 24 de agosto. En un comunicado advirtieron una falla enorme: “Cándido Ríos Vázquez se convierte en el primer periodista con medidas de protección vigentes que es asesinado”. Tenía medidas cautelares de protección.

Escenario que horripila

No hace mucho, en la tercera semana de mayo el presidente Enrique Peña Nieto anunció medidas para reforzar lo que en adelante comenzarían a llamar presuntuosamente sistema nacional de protección a la libertad de expresión. Entre otras se entregaría mayor presupuesto al mecanismo, a la fiscalía, se haría un red de instancias de protección con todos los gobernadores, se capacitaría a las personas involucradas…. pero.

Las agresiones siguen. Brenda Velázquez Valdez,  presidenta de la Comisión Especial en la Cámara de Diputados para dar seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación recordó a periodistas Artículo 19 documentó que cada 15.7 horas era agredido un periodista en México y que de enero a junio registró 276 agravios.

Y el peor registro de crímenes contra periodistas que fue en el sexenio de Felipe Calderón con 63 víctimas, será superado en el actual cuando faltan 16 meses y se tienen registro de 59 asesinatos.

Los trece crímenes de 2017 son:

  1. Cecilio Pineda (marzo 2). Guerrero
  2. Ricardo Monlui (marzo 19). Veracruz.

3- Miroslava Breach (marzo 23). Chihuahua.

  1. Maximino Rodríguez Palacios (Abril 14) Baja California Sur.
  2. Juan José Roldan (Abril 17). Tlaxcala
  3. Filiberto Álvarez (abril 29). Morelos.
  4. Erik Bolio (mayo 1).Puebla.

8.- Javier Valdez (mayo 15). Sinaloa.

9.- Jonathan Rodríguez (mayo 15). Jalisco.

  1. Salvador Adame (Junio 14). Michoacán.
  2. Edwin Rivera Paz. hondureño (julio 10). Varacruz.
  3. Luciano Rivera (Julio 31) Baja California.
  4. Cándido Ríos Vázquez (agosto 22). Veracruz.

La falla del mecanismo

Sobre Cándido, Roberto Campa, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, hiló una explicación para respaldar su dicho que no fue asesinado por su ejercicio profesional, sino insinuo que se encontraba en lugar y momento accidentales, porque los objetivos para ultimar eran otros:

La tarde del martes, relatos de colegas, el periodista regresaba de un café internet, tras hacer el envío de sus notas cuando se encontró con unos amigos, entre ellos Víctor Acrelio Alegría Antonio, exagente municipal de Corral Nuevo y exinspector de la Policía de Acayucan, y Andrés Grajales Montero, al momento de ser asesinados todos frente a una gasolinera.

Campa dijo: “Me parece que lo que sucedió ayer no tiene que ver con el análisis de riesgo del mecanismo, tiene que ver con el riesgo de otras personas que perdieron la vida el día de ayer”, afirmó.

Pero esa versión no la aceptó el Consejo Consultivo del Mecanismo. Los periodistas y defensores que lo integran demandaron que las autoridades responsables deben investigar y reconocieron la falla.

El texto dice, en sus partes definitorias:

“El Consejo Consultivo expresa sus más sentidas condolencias a familiares, amigos y colegas de Cándido Ríos Vázquez y exige a las autoridades de los distintos órdenes de gobierno una investigación pronta y expedita, que lleve al esclarecimiento de los hechos, la identificación de los motivos del crimen y la identificación y sanción de los responsables. En este mismo sentido, el Consejo Consultivo demanda considerar al ejercicio de la labor periodística como la principal línea de investigación sobre los motivos del asesinato.

“Desde 2013, Cándido Ríos Vázquez era beneficiario de medidas de protección por parte del Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. La última evaluación de su expediente se realizó en febrero de 2017. Por ello, su asesinato nos preocupa de manera particular. En los próximos días, realizaremos una revisión cuidadosa y detallada del expediente y daremos a conocer nuestra valoración sobre las acciones y decisiones tomadas por el Mecanismo y las distintas autoridades implicadas en la determinación e implementación de las medidas de protección establecidas y, en su caso, dirigiremos las recomendaciones conducentes a la Junta de Gobierno y la Coordinación Ejecutiva Nacional del Mecanismo.

“Cándido Ríos Vázquez se convierte en el primer periodista con medidas de protección vigentes que es asesinado. Independientemente de los resultados del proceso de investigación en curso, su muerte implica una muy fuerte llamada de atención al Mecanismo y todos los que en él participamos. Un análisis autocrítico es en estos momentos de fundamental importancia para contribuir a la construcción de un Mecanismo más robusto y eficiente y para el desarrollo de un ambiente seguro que haga posible el ejercicio de la defensa de los derechos humanos y el periodismo en México.

Firman: Alberto Xicotencatl Carrasco, Alejandro Anaya Muñoz, Araceli Domínguez Medina, Araceli Rodríguez Nava, Lucía Lagunes Huerta, Pilar Tavera Gómez, Stefan Zimmer y Víctor Ruiz Arrazola

Tres anomalías de un mal llamado sistema nacional de protección a la libertad de expresión y los periodistas. Y las que faltan.

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