*Congestión en el Tuzobus

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Alberto Witvrun.-El polémico y controvertido sistema de transporte colectivo denominado Tuzobus que fuera presentado por la administración de Francisco Olvera Ruiz como la solución al problema de movilidad de Pachuca además de ser uno de los principales factores junto con el pésimo gobierno municipal de Eleazar García Sánchez de la múltiple derrota priista en la zona metropolitana vive la peor de sus congestiones.

La enfermedad que afecta a este sistema tiene múltiples causas, una de ellas la pésima administración de la empresa Corredor Felipe Ángeles S.A.P.I. de C.V. cuyo consejo de administración preside el mayor concesionario de transporte público de Hidalgo Joaquín Gutiérrez García quien además es socio mayoritario de esta empresa a la que el gobierno estatal le concesionó el servicio.

Socios minoritarios se quejan de que los rendimientos no son los que se esperaban, lo que aprovecha Gutiérrez García para ofrecerles comprar sus acciones e incrementar las 170 que posee desde el inicio y estas dudas se incrementan porque nadie sabe que fue de auditoría contable y de operación que realizó la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería del IPN campus Hidalgo.

A este escenario se agrega que durante la revisión de las 933 concesiones otorgadas al final del gobierno de Olvera Ruiz, quien se ha visto más afectado es precisamente Joaquín Gutiérrez quien aseguran ya se amparó ante este medida del Sistema de Transporte Convencional; este medida que afecta a 144 concesiones y probablemente a otras 300 en revisión genera un cúmulo de dudas.

Una de ellas, es que todo indica que las concesiones que fueron retiradas (170 de Joaquín Gutiérrez) para dar vida al Tuzobus le fueron repuestas autorizadas directamente por el gobernador Francisco Olvera y corre la versión de que formó parte de un proyecto para en el mediano plazo apoderarse totalmente de las acciones que conforman la empresa Corredor Felipe Ángeles.

Así que la revisión a la que se comprometió el gobernador Omar Fayad para determinar si las 933 concesiones otorgadas entre julio y septiembre de 2016 cumplieron con los requisitos, cuya emisión protestaron taxistas que cuando se enteraron realizaron pintas en sus unidades acusando a “Francisco Olvera de traidor”, porque a ellos que tenían 10 años pidiendo una y no fueron considerados, empieza a tener alcances mayores, afectando no sólo a políticos y funcionarios que las recibieron como pago de marcha.

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