ESCRIBIENDO DERECHO: DELITO DE DAÑO EN LA PROPIEDAD

El delito de daño en propiedad afecta el patrimonio de las personas, se consuma cuando se destruye o deteriora una cosa ajena (mueble o inmueble) en perjuicio de otro (el agraviado), se llega a cometer de forma dolosa o culposa, su grado de prosecución puede ser de oficio o de querella.

Para mejor comprensión de los lectores, no así para los conocedores del Derecho que técnicamente dominan los conceptos de lo que es el dolo en sus formas de dolo directo y dolo eventual, y de la culpa en sus dos manifestaciones de culpa consiente o con representación y culpa inconsciente o sin representación, se entiende al delito doloso comúnmente como intencional y al delito culposo como imprudencial.

Como consecuencia del tipo de delito que solamente afecta el patrimonio de las personas, a quien comete daño en la propiedad doloso corresponde imponérsele la pena atendiendo al monto de los daños causados, conforme a las reglas que señala el Código Penal al delito de robo; por lo que hace al delito de daño en la propiedad culposo, se impondrá solamente la mitad de la sanción pecuniaria (es decir, la multa que corresponda conforme al monto de lo dañado) además del pago de la reparación de daños y perjuicios que se comprueben y cuantifiquen ante el Juez.

Dentro de la vida cotidiana, los delitos de daño en la propiedad más comunes resultan ser los cometidos culposamente; en virtud de lo anterior es importante mencionar que el concepto de culpa comprende a su vez diversas acepciones, como pueden ser: la imprudencia  e impericia, así como falta de destreza y al deber de cuidado o precaución que el activo del delito debería observar o cumplir, atendiendo a las circunstancias y condiciones personales en que se encuentra.

A menudo las personas cometen culposamente el delito de daño en la propiedad con motivo del manejo de vehículos, ya sean particulares o de servicio público. Lo anterior llega a suscitarse  en las grandes urbes,  a lo largo de la infinidad de cruceros o intersecciones que son producto de la modernización de los sistemas de vialidad.

En el argot de tránsito los percances en comento  se conocen con diversos nombres, como semaforazos o choques por alcance, de crucero, lateral y de frente; impactos por la salida del arroyo de circulación, alcance y proyección, volcaduras, etcétera.

La praxis nos dice que la mayor parte de dichos ilícitos tienen su origen en el desconocimiento, negligencia o faltas al deber de cuidado que impone el reglamento de tránsito y vialidad para el municipio de Pachuca o del Estado de Hidalgo.

El involucrarse en este tipo de incidentes trae como consecuencia importantes pérdidas materiales (sobre todo a los conductores que no cuentan con seguro en sus vehículos), pérdida de tiempo, y afectaciones a la circulación vial; en ocasiones también se producen resultados mayores, como pueden ser lesiones u homicidios.

Las sanciones son mayores cuando los conductores suelen manejar en estado de ebriedad o bajo el efecto que producen sustancias toxicas, estupefacientes o estimulantes, por ejemplo las drogas.

Aún cuando el daño en la propiedad sea culposo, se tipifica como delito. Para evitar cometer este tipo de ilícito – del cual ninguna persona está exenta – y para disminuir la incidencia con que se suscita, es recomendable la prevención. De ahí surge la necesidad imperante de contar con una cultura de vialidad, que evitará incurrir en estos tipos de hechos y sus lamentables consecuencias.

 

Es por ello que se sugieren las siguientes recomendaciones:

 

a) Contratar un seguro del vehículo.

b) Conocer el Reglamento de Vialidad.

c) Aplicar dicho reglamento y obedecer todos los señalamientos de tránsito.

d) Cuando se consuma este tipo de delito, lo más recomendable es llegar a un arreglo entre las partes involucradas y, mediante la firma de un sencillo convenio, establecer las bases de solución de los mismos.

e) En caso de no poder resolver con voluntad el conflicto, buscar solución ante los Órganos de Justicia Alternativa especializados. A través de mediadores y conciliadores, los implicados pueden llegar a un acuerdo y evitar la necesidad de judicializar el asunto  en procesos engorrosos que, por circunstancias diversas, suelen alargarse  y en ocasiones sin obtener ningún resultado que satisfaga los intereses de los involucrados.

 

Licenciado Bruno Méndez Rodríguez

Juez Penal de Actopan

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