Gobernadores que serían forzados a proteger periodistas

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Javier Duarte de Ochoa, ya tiene el honor o vergüenza de ser el primer gobernador que es forzado por periodistas  locales y la Secretaría de Gobernación para cumplir con su obligación de proteger a periodistas en riesgo.

Una intervención insólita del gobierno federal en Veracruz debería alertar a los siete mandones políticos del Distrito Federal, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Michoacán, Chihuahua y Tamaulipas donde se les han acumulado los agravios a periodistas y comunicadores por las omisiones que han permitido que aumente el índice nacional de impunidad.

Pero, vamos por partes. Primero el acontecimiento público que, a pesar del pesimismo de algunos colegas, tiene significancias alentadoras; luego, algo del contexto de la brutalidad contra periodistas y comunicadores en otras entidades y algunos comentarios.

CONVENIO A FUERZA

El 3 de noviembre en un acto público realizado en Xalapa, se mostró la firma de un convenio entre el Mecanismo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación y distintas entidades del gobierno de Veracruz. Se anunciaron unas 13 políticas públicas para la protección de los informadores profesionales.

Un día antes, Javier Duarte se anticipó con el anuncio de que se firmaría el convenio para crear un sistema de alerta temprana para protección de periodistas y presumió que sería el primero en las entidades. Pero así quiso ocultar que fue forzado como lo prueban los documentos oficiales allí presentados y la declaración que emitieron el mismo día un grupo de periodistas denominado Voz Alterna.

El documento llamado Diagnóstico que elaboró el área de prevención del mecanismo federal es en realidad un trabajo recriminatorio porque muestra lo que algunas instancias del gobierno veracruzano dicen que han hecho pero enjareta allí mismo la cantidad de agravios cometidos contra el ejercicio del periodismo en Veracruz en el mismo lapso.

Se expone que Veracruz es, junto con Chihuahua, el primer lugar en homicidios de periodistas, ya que se han cometido 16 desde el año 2000; comparte el primer lugar con Tamaulipas y Michoacán de cuatro periodistas desaparecidos; es segundo en número de indagatorias sin resolución; segundo lugar de periodistas protegidos por el Mecanismo Federal desde octubre 2012 a septiembre 2015; el segundo con más medidas de protección urgente.

Allí también se anota que Veracruz es la entidad con más declaratorias internacionales de ser el lugar más peligroso para hacer periodismo pero no se dice que es donde más se han manifestado públicamente los periodistas en protesta por todo ello. Y la situación parecía imparable.

Eso explica que desde septiembre de 2015, catorce periodistas veracruzanos llegaran a la Secretaría de gobernación a pedir auxilio y la creación de un sistema de alerta atendido por el gobierno federal. El documento de Voz Alterna relata que hubo varias reuniones, una misión de coordinadores del mecanismo federal a Xalapa, discusiones y preparación del diagnóstico y el plan de políticas públicas para que las implementara el gobierno del estado. Fue forzado a aceptarlo.

LO QUE DEBE HACER Y NO HIZO

El gobierno del estado, como otros 30 (con excepción del DF) firmó un convenio con la Segob para implementar medidas de protección a periodistas desde 2011, No cumplió. Ahora en el convenio se le específica que deberá cumplir con  líneas de acción o políticas públicas, bajo supervisión federal y de los periodistas. Estas medidas son las siguientes:

Crear una coordinación de instancias federales y estatales con participación de periodistas; crear el sistema de alerta temprana y reacción inmediata en casos de agravios; promover reconocimientos públicos  y acciones de respeto a libertad de expresión y al periodismo; realizar un mapa de riesgos y tipología de los agresores; ofrecer capacidades en autoprotección a periodistas;  mediar con las empresas para mejor las condiciones laborales; fortalecer y vigilar las investigaciones de periodistas asesinados; capacitar (ahora sí) a policías y servidores públicos para que respeten el trabajo de los periodistas. A todas las medidas se les aplicarán métodos de seguimiento y evaluación al menos trimestral.

Todo eso no es poco. Pero ahora sí tendrá que hacerse. La parte ponderable es que en el mecanismo y la Segob se optó por primera vez en diseñar y aplicar un programa de prevención y atención rápida de agravios a nivel estatal y es el primero que se diseña y se impone a un gobierno estatal.

LOS QUE SIGUEN

Ya en el documento de diagnóstico de la Segob para Veracruz se perciben las entidades que podrían seguir para planes de prevención porque han acumulado más agravios e impunidad: Chihuahua, Tamaulipas, Michoacán y Oaxaca.

El 4 de noviembre la organización internacional Artículo 19 emitió su tercer informe trimestral de agravios a la libertad de expresión y el periodismo y en él también refleja nuevamente a las otras entidades susceptibles de la misma intervención federal.

De las 303 agresiones registradas en 2015, las entidades con más agravios en el periodo reciente son Distrito Federal (donde está pendiente la promulgación de la ley de protección integral); Puebla y Guerrero. Si los gobernadores de estas entidades no ponen las barbas a remojar antes que el gobierno federal los fuerce como a Duarte de Veracruz, serán los periodistas más activos en esas entidades los que inicien los procesos como sus colegas veracruzanos.

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