CÓMO JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO EN RAZÓN AL PAGO DE ALIMENTOS AL CÓNYUGE Y EX CÓNYUGE

0
76

 (1ª de 3 partes)  Empezaremos comentando el marco jurídico que se refiere al resultado más significativo de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del 10 de junio del año 2011 en México: que la persona y sus derechos son colocados  como eje central de impartición de justicia.

Estas trasformaciones  renuevan  y reafirman  el compromiso de las autoridades del Estado mexicano que deben incorporar en su quehacer jurisdiccional los tratados internacionales en materia de derechos humanos como derecho nacional de origen  internacional.

En ese sentido, existe un Protocolo  para Juzgar con Preceptiva de Género que pretende ayudar a quienes juzgan a cumplir con su obligación  constitucional y convencional de promover, respetar, proteger y garantizar, bajo los principios de universalidad, independencia, indivisibilidad y progresividad, los derechos a la igualdad y a la no discriminación consagrados  en los artículos 1° y 4° constitucionales, 2.1, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Político, 2.2 y 3 del Pacto Internacional  de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 3 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos de Derechos Económicos  Sociales  y Culturales “Protocolo de San Salvador”. Asimismo, este protocolo se emana en la Ley General  para Igualdad  entre Mujer y Hombres, así como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida Libre de Violencia.

IGUALDAD Y ACCESO A  LA JUSTICIA

Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe tener en cuenta los  factores de desigualdad real de quienes son llevados ante  la justicia.

Es así  como se tiene el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y la correlativa prohibición  de discriminación. La presencia  de condiciones  de desigualdad  real obliga  a adoptar  medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias  que impidan o reduzcan la defensa  eficaz de los propios  intereses.

Si no existieran esos medios de compensación, ampliamente reconocidos en diversas vertientes  del procedimiento, difícilmente se podría decir que quienes se encuentran en condiciones de desventaja disfrutan de un verdadero acceso a la justicia y se benefician de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esa desventaja.

Por lo que, en materia de alimentos, en los artículos 119, 124 y 125 de la Ley para la Familia del Estado de Hidalgo se establece  la obligación de alimentos que existe mutuamente entre los cónyuges, así como la de proporcionar alimentos de padres a hijos.

Asimismo, el artículo 118 del mismo código prevé que los alimentos que solicita el acreedor alimentario deben ser indispensables para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica y en su caso gastos de embarazo y parto.

De igual forma, el artículos 131 establece: “Sólo los hechos están sujetos a prueba; el derecho lo estará únicamente  cuando se  funde  en leyes  extranjeras, en  leyes de otros estados de la federación o en usos, costumbres  o tradiciones; el  que las invoca  debe  probar la existencia  de ellas  y que  son  aplicables  al caso.  Los  hechos notorios no  necesariamente  ser probados, y el juez puede  invocarlos aunque  no haya  sido alegados  por las partes”.

Precisando lo anterior debe decirse que en materia de alimentos la base de legalidad es que deben de ser proporcionados de acuerdo con las necesidades de quien debe recibirlos, como lo señala el artículo 134 de la Ley  para la Familia del  Estado de Hidalgo, analizando las pruebas que obran  en autos de cada una de las partes en el juicio.

Tomando en consideración a lo antes manifestado, trataremos  aquí el tema  sobre la obligación entre los cónyuges de proporcionarse alimentos en los que deben ser tomados en cuenta  los criterios emitidos por la Primera Sala de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación en junio del año 2013, en el sentido de hacer realidad  el derecho a la igualdad  y no discriminación, que es un mandato derivado de la  Constitución  y de los instrumentos  internacionales  que atañen  a toda persona que aplica el derecho; por ello, todos las  impartidores de justicia tienen el  deber de juzgar con perspectiva de género, aun y cuando las partes  involucradas en el caso no la hayan contemplado en sus conceptos  de violación o alegatos,  en  la  inteligencia de que se juzga con perspectiva de género para lograr una igualdad  material o sustantiva de género entre el hombre y la mujer.

Es importante señalar que, lo que determina si en un proceso debe o no aplicar la perspectiva de género, es la existencia  de  relaciones asimétricas de poder o bien contextos de desigualdad  estructural basados en el sexo, género o las preferencias u orientaciones sexuales de las personas.

A lo anteriormente comentado son aplicables las tesis siguientes, que en este apartado únicamente enunciaremos:

Época: Decima Época; Registro: 2005793; Instancia: Primera Sala;  Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 4,  Marzo de 2014, Tomo I;  Materia (s): constitucional. Tesis 1ª C/2014 (10ª); Página: 523. “ACCESO A LA JUSTICIA EN  CONDICIONES DE IGUALDAD. ELEMENTOS  PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE  GÉNERO”.

Época: Decima Época; Registro: 2005794; Instancia: Primera Sala; Tipo de Tesis: Aislada; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I; Materia (s): Constitucional; Tesis: 1ª XCIX/2014 (10ª); Pagina: 524 “ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES  DE IGUALDAD. TODOS  LOS ÓRGANOS DE JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR JUSTICIA CON PERSPECTIVA  DE GÉNERO”.

Lic. Salvador del Razo Jiménez

Juez primero civil y familiar de Tula de Allende, Hidalgo

Cualquier duda, comunícate con nosotros en: informaciontsjeh@gmail.com

 

Comentarios

comentarios

Dejar respuesta