*Las cifras del que se fue; los retos del que llega

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Alberto Witvrun.-La llegada de Ramiro Lara Salinas a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) aprobada por la 62 Legislatura fue polémica porque se habló de conflicto de interés como controversial su renuncia por motivos personales porque sus cifras no son malas en cambio hay casos con trasfondo político que quedan pendientes así como que sería la próxima legislatura de mayoría opositora al Ejecutivo quien lo aprobaría.

Durante su gestión once funcionarios de la PGJEH fueron cesados y enfrentan procesos penales por ejercicio indebido de sus funciones y fue la tercera procuraduría con más ordenes de aprehensión cumplimentadas a nivel nacional y de no tener peritos titulados y certificados hoy cuenta con alrededor de cien reconocidos a nivel internacional y paso de una a más de 15 vinculaciones a proceso por semana.

Al mismo tiempo quedó pendiente las vinculaciones a proceso de la ex dirigente la Sección XV del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Mirna García López que a pesar de enfrentar un proceso por robo agravado puede llegar a San Lázaro y los casos de corrupción de la anterior administración estatal, que son casos que ahora institucionalmente corresponderá abordar al nuevo procurador Raúl Arroyo.

Con una reconocida trayectoria como abogado litigante, particularmente en cuestiones laborales, Raúl Arroyo también es historiador e investigador social, apareciendo en la escena pública en 1982 como coordinador de Extensión de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) en la rectoría de Juan Alberto Flores Álvarez, cuando el grupo de Gerardo Sosa Castelán se apodera dela institución, del cual se deslindó hace 15 años.

Al ser electo con 21 votos a favor y 6 abstenciones, tiene un bono de legitimidad porque no obstante que participaron dos personajes cercanos al gobernador se inclinaron por su perfil profesional y servicio en la administración pública, pero eso no basta, será importante que no se politice la procuración de justicia y se vea como reto esencial el combate a la impunidad haciendo eficaz el nuevo sistema de justicia.

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