Novedad. Aplicar la ley cuando no hay ética en periodismo

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Por Rogelio Hernández López

La idea no es mía, no podría serlo. Dos pliegues que se extendieron en los días recientes, en relación con el ejercicio del periodismo, fueron en forma de noticias: un amago de la Secretaría de Gobernación de aplicar la ley a medios electrónicos (televisión, radio e internet) que difundieran imagenes de infantes; y la otra fue un comunicado abierto a nombre de 400 periodistas del noreste demandando comportamiento ético a sus colegas por la misma causa. Esas dos noticias sólo exaltan un tema permanente en la prensa mexicana: ética o ley para regularnos.

Por décadas una corriente de periodistas mexicanos hemos pugnado porque la profesión se realice con referencias éticas, que a fin de cuentas, son para que la sociedad se beneficie con un ejercicio periodístico de responsabilidad social. Pero, la generación de normas legales en los últimos diez años sobrepasaron con mucho la autorregulación y amagan como sombras al periodismo mexicano. Me explico.

El amago de Segob

El comunicado que circuló la noche delo miércoles 18 de enero no tiene desperdicio. Es el siguiente:

 “Aviso importante. a todas las radiodifusoras y televisoras de la República Mexicana. En relación con el manejo informativo de los hechos ocurridos la mañana de hoy en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León, hacemos un llamado para que, en estricto apego a lo dispuesto por el Capítulo Décimo Séptimo de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGNNA), se observen las siguientes disposiciones:

“Los concesionarios de radio y televisión no deben difundir imágenes, voz, nombre, datos personales, o cualquier otra referencia que permita la identificación de niñas, niños o adolescentes, aun cuando se modifiquen, difuminen o no se especifiquen sus identidades.

“No está permitido difundir datos personales de niñas, niños o adolescentes relacionados con la comisión de un delito, ya sean autores, víctimas o testigos…Debe evitarse la difusión de imágenes o noticias que propicien o sean tendientes a la discriminación, criminalización o estigmatización de niñas, niños y adolescentes.

Con base en la LGNNA, estas disposiciones son también aplicables a medios electrónicos sobre los que tenga control el concesionario.

Esta Dirección General dará seguimiento puntual al cumplimiento de la referida Ley a través de su sistema de monitoreo, de conformidad con las atribuciones que tiene en relación con la protección del derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes….Dirección General De Radio, Televisión y Cinematografía”. (los subrayados son de este reportero). Habrá que seguir la pista a las consecuencias del aviso de Segob.

Colegas del noreste

A propósito del mismo suceso en el colegio de Monterrey, el mismo 18 de enero, circuló un comunicado abierto que reflejaba ya un debate entre las muchas redes de periodistas en internet.  Lo siguiente son parrafos esenciales del texto:

“La Red de Periodistas del Noreste, organización integrada por más de 400 periodistas del noreste de México, condenamos que sean las propias autoridades las primeras en violar la Constitución y las convenciones internacionales que protegen los derechos de la niñez, al revelar el nombre de un menor implicado en un atentado en un colegio privado de Monterrey, capital de Nuevo León.

“Aldo Fasci Zúazua, vocero de seguridad de Nuevo León, violó los apartados B y C del Artículo 20 de la Constitución que protegen la identidad de menores de 18 años implicados en delitos…violó además la Ley sobre Niñas, Niños y Adolescentes, la Ley de Víctimas y La Convención Internacional sobre los derechosa de la niñez, ya que todas ellas establecen “el interés superior de proteger la identidad de los menores”, incluso aunque estén implicados en algún delito.

“La Red de Periodistas, también exhorta a todos los periodistas y comunicadores del país a que se conduzcan con ética, con integridad y con el debido respeto a la privacidad de los afectados y sus familias y amigos…Solicitamos también a todos los colegas a evitar reproducir las imágenes y comentarios que se comparten en Redes Sociales y que lesionan los derechos y la integridad de las víctimas, así como se respete la presunción de inocencia de los imputados.”

Hasta ahí ambas comunicaciones que pocos convirtieron en noticias ante el maremagnun de reacciones a los hechos del colegio regiomontano. De ambas salta el tema: ¿aplicación de la ley o ética?

Muchas más leyes

En mi caso, como un número creciente de periodistas preferiríamos la autorregulación. Pero la realidad mexicana indica otra cosa, muy espantable. Reiteraré lo que ya repasado y conjunté en un ensayo sobre las vulnerabilidades de los periodistas, difundido por Freedom House  y la Casa de los Derechos de Periodistas A.C. En 2014.

Hasta hace 12 años, las pocas restricciones a la libertad de expresión (y a sus usuarios principales que son los medios de prensa y los periodistas) estaban en la anacrónica Ley de Imprenta de 1917, en el artículo 6º constitucional (“en caso de que se ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público…”); en el Código Penal Federal y sus similares en las 32 entidades por los llamados delitos de honor, calumnia y difamación. Así era.

Ahora, nuevas restricciones se derivaron de las reformad reciente el artículo 1º constitucional de ampliación de los derechos humanos y en el artículo 20 de los que se desarrollaron tres leyes reglamentarias: la Ley General para Prevenir la Discriminación, Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y la Ley General de Víctimas.

En la primera se prohíbe toda discriminación incluso en los medios de comunicación, en la segunda se sancionaran a medios electrónicos e impresos que manejen imágenes o historias que “puedan implicar menoscabo de su honra o reputación” de infantes y jóvenes y en la tercera de protege la identidad de víctimas y presuntos culpables.

Más limitaciones se agregaron a los artículos 6º, 20 y 28 constitucionales y se ampliaron en las leyes generales de lo Electoral y la de Telecomunicaciones: se prohíbe la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa y se limita la contratación de propaganda electoral a particulares; igual se norma a la radio y televisión para evitar monopolios y para que se preserve “la pluralidad y la veracidad de la información, así como el fomento de los valores de la identidad nacional”.

Otras se impusieron en el Artículo 134 constitucional y sus leyes secundarias para servidores públicos que limitan los espacios mediáticos que ocupaban para su promoción individual en los mensajes institucionales.

Igualmente hay nuevos cotos para la trasmisión de datos personales y de documentos oficiales en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; al igual que se constriñe la difusión de imágenes, datos y de procesos judiciales tanto de víctimas como de presuntos culpables en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales.

Respecto a los derechos individuales al honor y la reputación, si bien se despenalizaron a nivel federal en 21 entidades esto no significa que desaparecieron como causas de castigo. Hoy son faltas que se sancionan en el Código Civil Federal (Artículo 1916). En otras 11 entidades aún persisten cómo delitos penales la difamación y la calumnia.

Y hay más. Por ejemplo en materia de libertad de expresión en la Internet, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) investigó la existencia de nuevas acotaciones en diez leyes secundarias que sin mencionar la Internet ingresan el término Medio Electrónico o Informático: Código Civil Federal; Código de Comercio; Código Federal de Procedimientos Civiles; Código Fiscal de la Federación; Código Penal Federal; Ley de la Propiedad Industrial; Ley Federal de Protección al Consumidor; Ley Federal del Derecho de Autor; Ley Federal de Telecomunicaciones; Ley de Información Estadística y Geografía…

Ufff.

Así estamos. ¿Leyes o ética?  Lo más nuevo es que ya iniciaron los amagos de aplicación masiva por parte del gobierno central. Y de las pautas éticas mínimas también apareció una petición de colegas más bien norteños de aplicar algunas en un caso específico para respetar a la niñez.

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