Ocho mensajes contra afectaciones al periodismo…Y nada

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Por Rogelio Hernández López

Inusualmente, en tan solo 18 días el gobierno federal de México fue el destinatario de ocho declaraciones abiertas, la mayoría del más alto nivel, sobre afectaciones al ejercicio del periodismo. En cualquier lugar del mundo eso provocaría al menos sozobra en los gobernantes. Pero la única respuesta pública fue la preparada por los operativos de la Presidencia de la República a Enrique Peña Nieto, mensaje abstracto, con información diacrónica y rebosante de los mismos lugares comunes que se acostumbran. O sea, nada.

Van los datos en sentido retroactivo. El 2 de noviembre, con motivo del Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas declarado por la ONU se difundieron en México los recuentos y posicionamientos sobre asesinatos de periodistas que reflejan las condiciones de violencia en que se desempeñan muchos medios y periodistas en zonas de alta violencia en México.

UNO. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH-OEA) que ha hecho dos reportes especiales sobre el tema, recordó que la impunidad de estos crímenes sigue siendo uno de los mayores desafíos para el ejercicio seguro de la libertad de expresión en las Américas.

La CIDH nuevamente refirió que se requiere de una estrategia estatal integral, que incluye la adopción de medidas legislativas y la puesta en marcha de políticas públicas efectivas., además de investigar, juzgar y sancionar a los responsables.

DOS. Reporteros Sin Fronteras (RSF), organismo no gubernamental con sede en Francia calificó como depredadores de la libertad de prensa a 35 jefes de Estado, políticos, líderes religiosos, milicias y organizaciones criminales, donde incluyó por primera vez a Los Zetas de México

Los criterios de RSF para calificar como depredadores se basan en el registro de censuras, encarcelamiento, torturas, asesinatos de periodistas.

TRES. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que el índice de impunidad aumentó del 89 al 90 por ciento de noviembre de 2015 a la fecha.

La CNDH aseguró en su comunicado especial que del año 2000 a la fecha han sido 119 homicidios de periodistas, 12 de ellos mujeres en tanto que en 11 años han desaparecido 20 y se han registrado 50 atentados contra instalaciones de medios.

CUATRO. El mismo día La asociación civil mexicana Casa de los Derechos de Periodistas (CDP) reportó que tan sólo en diez meses del 2016 se registran ya 15 asesinatos, el número de más alto desde el año 2000 “Tres mujeres y doce hombres comunicadoras y comunicadores, principalmente periodistas”

La CDP, que también hace seguimiento y documenta la mayoría de los casos, reporta que desde el inicio del sexenio de Vicente Fox (2000) el total de crimenes ya asciende a 140, veintiun más de los registrados por la CNDH y que bajo el régimen de Enrique Peña Nieto (4 años) ya suman 46.

Y días antes se incrementó el miedo a una reforma de ley que presionaría por la vía jurídica a todos los medios de prensa.

Temor a otro apretón

CINCO. El 25 de octubre, el diario mexicano más grande y antiguo, El Universal destacó una información de que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara un dictamen sobre la Ley sobre el Derecho de Replica que pretende imponer sanciones a periodistas y medios que difundan información, aunque sea cierta, cuando el presunto agraviado solicite difusión de sus desmentidos y estos se los nieguen los medios.

SEIS. La Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT) que agrupa a 66 corporativos empresariales del ramo industrial reaccionó dos días después con un comunicado oficial y advirtió que “Solo por una mención o contenido que se considere agraviante, un cúmulo de personas acceden a la réplica, haría que cualquier información política pueda ser replicada por decenas, incluso cientos o miles de partidarios, dejando al medio la responsabilidad de asignar tiempo y espacio indefinidos para atender esas peticiones”.

SIETE. Sobre el mismo tema, la poderosa organización continental de empresarios de medios, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), también alertó que el gobierno mexicano, vía su poder judicial, pretende acotar màs los espacios de libertad de la prensa con una ley de replica que en fondo pretende silenciar.

La respuesta

OCHO. La misma SIP había celebrado en México su Asamblea General número 72. El mensaje central que mandó ante la presencia de Rnrique Peña Nieto fue de la acumulación de asesinatos de periodistas en México.

Frente a todo este entorno, del cual ya muchos medios y periodistas llevamos al menos 6 años quejándonos, el Presidente Peña Nieto respondió por primera vez en cuatro años en la asamblea de la SIP: La libertad de expresión y de prensa es el instrumento más poderoso contra el autoritarismo, la intolerancia y la mentira.

La libre manifestación de las ideas es un derecho irrenunciable de la ciudadanía, cuya defensa nos compromete a todos

El gobierno es respetuoso “de lo que piensan, opinan, publican o transmiten los periodistas”.

La obligación de un Estado democrático otorgar garantías a los periodistas para el ejercicio de su profesión, especialmente ante la amenaza a la libertad de prensa que representa el crimen organizado.

 Y También informó con datos no actualizados que el  Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas protege a 452 personas: 285 son activistas de las garantís individuales y 167, informadores.

Y que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)  cuenta con nuevas atribuciones legales contra ataques a periodistas, que ha atraído 48 casos. (Nadie le informó que la impunidad, a pesar de la FEADLE aumentó al 98 por ciento del total de agravios documentados, como reportó la CNDH.

En resumen, si los organismos más acreditados le mandan mensajes directos al gobierno mexicano y este, cuando responde, muestra insensibilidad a pesar de lo execrable del fenómeno de agravios a la prensa.  ¿Habrá quien pueda ayudar a los titulares del Ejecutivo y del Legislativo?

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