Políticas públicas para periodistas ¿Si o no?

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Cómo dijera un clásico, dos fantasmas recorren las platicas privadas de periodistas de tiempo completo en México: la precarización acelerada de quienes son empleados, free lance o microempresarios y la tendencia creciente en varias entidades de la república de solicitar fondos públicos para apoyar a los más vulnerables. Es en serio.

Dos casos que vienen

El jueves 4 de agosto, se realizó un encuentro insólito en instalaciones del gobierno de la Ciudad de México. Patricia Mercado y Juan José García Ochoa, secretaria y subsecretario de Gobierno recibieron a 19 reporteros, pero no era conferencia de prensa. La reunión, fue para que los informadores plantearan preocupaciones sobre su profesión y lo que esperan de la ley de protección para defensores de derechos humanos y periodistas, cuya aplicación está varada por una controversia de la CNDH. Estaban dos diputados locales como invitados.

El miércoles 10 de agosto en la Biblioteca del Poder Legislativo del Estado de México se realizó un foro público, también un tanto extraño en esa entidad porque era para consultar sobre una iniciativa de ley para proteger periodistas. En la mesa estuvieron los diputados Raymundo Guzmán (PAN), Aquiles Cortés (PANAL) y los periodistas Andrés Solís, Edmundo Cancino y Luis Eduardo Knapp, del Programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19.

Pues en ambos casos saltó el tema de la utilización de recursos públicos para reducir vulnerabilidades de los periodistas, más allá de crear mecanismos de protección ante casos de riesgos.

En la Ciudad de México uno de los acuerdos principales fue crear una mesa permanente –del ejecutivo capitalino con periodistas– para ir elaborando un programa de políticas públicas para atender a periodistas que carezcan de atención a la salud, acceso a la vivienda, apoyo económico por desempleo y probablemente también para apoyo jurídico ante conflictos laborales o profesionales y un programa especial para la capacitación continua. Esto aplicaría preferentemente a empleados maltratados laboralmente, independientes o pequeños empresarios de prensa. La discusión en esta mesa –directa e indirecta– apenas comienza.

En Toluca las conclusiones formales, del primer foro de consulta a la iniciativa que presentó hace un año el actual gobernador, fueron trabajar más en la definición del periodista para no limitar el derecho a la libertad de expresión de quienes no informen profesionalmente pero a la vez acercarse a los perfiles de esta profesión; reconocer que ésta sea una actividad del interés público y por tanto debe ser protegida, auspiciada y tutelada.

Y tutelar al periodista fue aquí el tema de fondo y en otro debate que se armó paralelo a la mesa, entre pasillos. Ese tema lo estimula, desde 2010, un sector de periodistas toluqueños. Se refiere como necesidad ingente la creación de un fideicomiso que atienda necesidades sociales (salud, educación, vivienda). Otro sector se resiste.

Los foros por la ley de protección seguirán en el Estado de México, igual que la mesa entre periodistas y gobierno en la Ciudad de México y con ellos el tema de cómo institucionalizar y transparentar el uso de los recursos públicos para ciertos sectores de periodistas.

Hay antecedentes

De las leyes con relación al periodismo aprobadas por congresos locales tres se conocen como de fomento que protenden ayudar y transparentar los “apoyos” sobre todo a reporteras y reporteros. En su origen parecieron bien intencionadas, porque como fomento se entiende conceder dinero o prestaciones sociales a periodistas para enseres y equipos, educación para ellos y sus hijos, salud, vivienda,  seguros de vida y hasta préstamos para vacaciones.

Por ejemplo la Ley Núm. 463, para el Bienestar Integral de los Periodistas del Estado de Guerrero, publicada el 17 de mayo de 2002 y actualizada en 2013. Cuenta con un fondo financiero repartible para los agremiados de organizaciones registradas y periodistas en lo individual. Pero cada año aparecen más organizaciones en la entidad (en 2015 se registraron 44) y también son más recurrentes las quejas de que se beneficia a quienes no son periodistas; el fideicomiso divide pues.

Otro caso similar de “fomento” es la  Ley para el Desarrollo y Protección Social de los Periodistas del Estado de Baja California, que entró en vigor antes de la guerrerense. Cuando fue reformada el 13 de Septiembre de 2013, organizaciones serias de periodistas demandaron que ya no se aplicara por fomentar la corrupción y porque su definición de periodista es tan amplia que los primero en anotarse como beneficiarios fueron funcionarios públicos en áreas oficiales de difusión.

La tercera de ese tipo se aprobó 7 de junio de 2012. Se llama Ley para el Desarrollo y Protección de los Periodistas del Estado de Morelos. Tiene casi los mismos contenidos e intenciones que las de Guerrero y Baja California. No ha sido promulgada por varias razones: periodistas jóvenes se oponen a que sea otra “ley del chayo”, porque crea dependencia y porque, dicen con razón, se necesita otro tipo de ley. La causa fundamental es que el gobierno de Graco Ramírez hizo cuentas y no le alcanzarían los recursos para conceder prestaciones sociales “que corresponden a las empresas donde trabajan los periodistas”, dicen que dijo.

¿Blasfemia?

Pareciera blasfémico razonar publicamente sobre el uso de los recursos públicos en el periodismo más allá del gasto publicitario. Son pocas personas las que, con seriedad exponen detalles de otros usos, menos legales y morales, del dinero publico y privado que se utiliza para tener buenas relaciones con reporteros, directivos o dueños de medios.

Hablar de eso, que si ocurre en la mayoría aplastante de municipios, estado y en la federación, parece prohibitivo en un país como este, donde los políticos y demasiados civiles usan un discurso formal para lo público y otro con lenguaje directo, llano y más verdadero en los circulos privados. Es lo que llaman el doble lenguaje. Y también se practica entre periodistas.

Como quiera, ese otro debate seguirá porque alimenta un dilema de buena cantidad de periodistas independientes: ¿Si el periodismo es asunto de interés público por sus aportes a la sociedad y la democracia, el Estado debiera tutelarlo cuando esté vulnerable, apoyarlo legal y también económicamente –como se hace bajo la mesa–, y más cuando la concentración de medios y del mercado han precarizado a enormes cantidades de medios y periodistas?

Si hay alternativas éticas, sobre todo al observar la estrategia del gasto público en publicidad en todos los niveles de gobierno. Pero esa debe ser otra mirada de reportero.

 

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