Por interés público proteger al periodismo, incluso de las empresas

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En el caso de los despidos de Carmen y los otros informadores de MVS nuestro deber, como asociación de periodistas y abogados, es informar que este no es un mero litigio entre particulares; probar que sí se afectó el ejercicio profesional del periodismo y el interés social— sintetizó el reportero de investigación Miguel Badillo Cruz en esa reunión extraordinaria de asociados de la Casa de los Derechos de Periodistas.

–Entre los temas que visibilizó este conflicto los más importantes, por abarcar a la mayoría de medios de comunicación privados y públicos, es la vulnerabilidad laboral que padecen los periodistas así como de la información de interés público que es tergiversada, escatimada o francamente incautada como privilegio de las empresas industrializadas para preservar el interés de la ganancia—completó este reportero.

La periodista Judith Calderón, los reporteros José Reveles Morado y Víctor Ruiz Arrazola completaron la idea central de lo que sería la posición colectiva de la Asamblea de Asociados de la CDP dirigida a nuestros Enlaces en las entidades de la república para que pugnen por la protección al ejercicio del periodismo, sobre todo ante integrantes de los poderes  legislativos, tanto del federal como en estatales:

“El ejercicio del periodismo tiene que ser reconocido legalmente como actividad del interés público. Por tanto el Estado en su conjunto debe protegerlo de los poderes institucionales o fácticos, incluso de las mismas empresas de comunicación que, por acción deliberada u omisión, reduzcan o impidan el derecho de la población a informarse”. Esta es nuestra posición.

Después de esa reunión extraordinaria este reportero comenzó a reunir elementos documentales para respaldar las promociones que hagan los colegas reporteros y otros periodistas en sus entidades para lograr leyes y políticas públicas que protejan su ejercicio, incluso de las empresas de comunicación.

LAS EMPRESAS DE MEDIOS DEBEN SUPEDITARSE EL INTERÉS PÚBLICO

Fue alentador encontrar que el tema de los derechos de las empresas mediáticas se insertó paulatinamente en las reacciones por el conflicto en MVS. Existe marco legal suficiente para limitar su soberanía como empresas de lucro cuando incumplan su responsabilidad del interés público como es el captar, procesar y difundir información y procurar la pluralidad de la libertad de  expresión.

Las y los colegas del Club de Periodistas A.C. hicieron pública una primera advertencia colegiada:

 “la empresa MVS violó el artículo 7º constitucional, que marca la supremacía del derecho humano sobre el concesionario: “…no se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares… o de cualquier otros medios… encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones…”.

Poco después la Asociación Mexicana de Derecho a la Información, A.C. (AMEDI), al pronunciarse por el mismo caso, perfiló algunas de las normas jurídicas que violó la empresa.

“Las decisiones de la empresa MVS son desproporcionadas y lastiman la pluralidad, la libertad de expresión y los derechos de las audiencias en detrimento de la democracia en el país.

“Estamos ante un caso de censura…. Cuando se silencia a un periodista o a un medio de comunicación, no sólo se daña la libertad de expresión, sino que también se fractura la relación entre el periodista, el medio de comunicación y sus audiencias, al coartarles un derecho humano fundamental como lo es el derecho a recibir información de interés público”.

Más preciso, respecto a la violación de normas fue el pronunciamiento posterior de la organización de origen inglés Artículo 19.

“El despido de los periodistas Daniel Lizárraga, Irvin Huerta y Carmen Aristegui por parte de MVS configura un agravio a la libertad de expresión en el que se involucra el uso del espectro radioeléctrico, bien público, del cual la empresa de comunicación es un concesionario…. el tema es de interés público y no del ámbito exclusivamente privado.

“Las características de la información difundida por la periodista y su equipo constituyen un discurso especialmente protegido por tratarse de temas de interés público….hay amplia jurisprudencia que también señala la violación  de derechos fundamentales por parte de empresas privadas como en este caso, la libertad de expresión.

“Por lo tanto, las medidas indirectas de restricción a la libertad de expresión vulneran los artículos 6 y 7 de la Constitución, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios  2, 5 y 13 de los Principios sobre Libertad de Expresión de la OEA, así como la Declaración Conjunta sobre la regulación de los medios, las restricciones a los periodista y la investigación de la corrupción (2003).

 “Los actos de particulares también constituyen violaciones a derechos humanos…. Al respecto, la SCJN ha señalado que los derechos fundamentales ocupan una posición central e indiscutible como contenido mínimo de las relaciones entre particulares. Por lo tanto, este caso debe ser examinado bajo esa lógica en la cual la función y el alcance del ejercicio de la libertad de expresión trascienden los intereses privados. (Décima Época, Primera Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XII, Octubre de 2012, Tomo 2. Tesis 1ª./J. 15/2012 (9ª.).

Desde el punto de vista político, las reacciones masivas al despido arbitrario de Carmen Aristegui rebasaron de inmediato los cotos empresariales y lo convirtieron en asunto de obvio interés público. Los escuchas y otros públicos sintieron lastimado su derecho a saber.

Ahí están los datos de la participación masiva en las redes sociales. Por ejemplo, la plataforma digital Change.org reportó a mediodía del 18 de marzo que la petición para que Carmen Aristegui regrese a conducir rompió el récord histórico para esta  plataforma pues en menos de una semana logró reunir más de 185 mil firmas. Y en la petición #CarmenSeQueda, más de 60 mil personas pusieron comentarios personales en la petición.

PROTEGER LA INFORMACIÓN Y AL PERIODISTA, DERECHO INTERNACIONAL

No es nuevo ni está a discusión el tema de la supremacía del derecho social a la información y de las funciones de los periodistas sobre los derechos de las empresas de comunicación. El experto español Carlos Soria aportó, hace casi tres décadas, un importante ensayo sobre la propiedad de la información*.

“La idea de que la Información es el objeto de un derecho humano y la libertad el único modo de ejercitar con sentido ese derecho, llevará a esta conclusión revolucionaria: la información pertenece al público” asienta Soria.

“De la empresa informativa constituida, con más o menos matices para el lucro, se pasará a considerar la actividad informativa organizada como una actividad de mediación pública. Un editor no puede actuar con los mismos principios que un fabricante de zapatos …. el fin jurídico de la empresa informativa no es la articulación del ánimo de lucro, sino la materialización del animus difundendi, de una fonna constante, organizada y profesional.

“De la empresa informativa identificada con el empresario, se pasará al convencimiento de que la empresa informativa comprende no sólo su capital económico y material, sino también su capital humano…. El periodista no tiene la misma importancia que un sombrero para el fabricante de sombreros, podría decirse parafraseando a Bruckberger… Por el contrario, sin el capital intelectual y humano de las redacciones, la empresa informativa apenas tiene valor.

“El informador no trabaja para la empresa, sino para la Información, aunque lo haga -eso sí- en la empresa, con la empresa y desde la empresa… el destinatario del trabajo de los informadores no es el titular del capital, sino el público. Y la empresa tiene el deber de someterse a todo aquello que redunde en beneficio del mismo derecho a la información.

“La información periodística y su productor principal deben ser protegidos por el bien social, por interés público”. Hasta allí la selección del Ensayo de Carlos Soria.

Durante 2013 y 2014 la Casa de los Derechos de Periodistas promovió la realización dos encuentros nacionales y más de 30 talleres para la autoprotección, hizo contacto con unos 1, 100 colegas de 24 entidades. Derivado de ello fue la confirmación que las condiciones en que trabajan,  inestabilidad laboral y  el choque casi permanente con las “políticas editoriales de las empresas configuran unas de las cinco grandes vulnerabilidades de los periodistas en los estados de la república. Pero también constató que la absoluta mayoría de agresiones se producen contra los periodistas más vulnerables para provocar silencios.

LA EMPRESA MVS SÍ COMETIÓ DELITO.

En el caso Aristegui MVS se ha provocado silencio, como en las otras agresiones a periodistas, pero esta vez por una empresa que incumplió no solo con normatividad internacionales y nacional, sino sus propios códigos.

Por anteponer su interés empresarial y despedir a los periodistas de investigación de una edición de sus noticieros interrumpió una agenda que había ganado mercado, procesos informativos en marcha, incautó formas y procedimientos para captar, investigar y procesar información de interés social que había desarrollado un grupo de periodistas. Así infringió convenciones internacionales, la Constitución, la nueva ley de telecomunicaciones, el Código de ética de los radiodifusores, al menos dos de sus convenios contractuales y su deontología para emitir noticias. En todas estas normas se establece que el interés público por la información es un deber de las empresas de medios de comunicación.

Todo lo anterior explica que por las circunstancias y las formas en que fueron despedidos Carmen Aristegui a y un grupo de periodistas de la empresa MVS, amplios sectores de la sociedad mexicana coincidieran en señalar como inaceptable restringir el conflicto a un mero litigio laboral porque fueron afectados los derechos de acceso a la información y de la libertad de expresión. Es una lección para empresarios de los medios de comunicación y para el periodismo en general. Mirada de reportero.

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