Proteger periodistas, prueba caliente para Mancera

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Por Rogelio Hernández López

Si alguien hubiera planeado este movimiento político no le habría resultado tan efectivo para reducir las aspiraciones presidenciales de Miguel Ángel Mancera. Durante todo un año lo toparán periodistas enojados y no por su culpa, sino por una coyuntura imprevisible, casi un accidente. Me explico.

Desde el 3 de mayo cuando fue electo como presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), el jefe de gobierno de la Ciudad de México comenzó la aplicación de una estrategia –legítima y lógica– de ganar la mayor presencia mediática a la que aspire cualquier mandatario estatal durante todo un año. Estaba libre para hacerlo hasta mayo de 2018, justo en el periodo en que se definirán las candidaturas presidenciales. Pero el 17 de mayo Enrique Peña Nieto le pasó la bola candente que él no había querido tener, proteger periodistas y frenar el ciclo de impunidad.

Se forzó la intervención presidencial

Durante 2016 prosiguió con mayor intensidad el infausto ciclo de asesinatos a asesinatos a periodistas. Para diciembre ya sumaban 30 unicamente en este periodo presidencial. De enero a abril de 2017 ocurrieron otros 5 y la presión internacional creció, lo mismo que siguió acumulándose la irrritación entre informadores de todo el país por la impunidad.

Y el día de más ira fue el 5 de mayo cuando cundieron las noticias del crimen planeado contra Javier Valdez, corresponsal de La Jornada y fundador del semanario RíoDoce y Jonathan Rodríguez Córdova, reportero del medio jalisciense El Costeño de Autlán. Con ellos la cuenta mortal ascendió a 37.

La presión aumentó, especialmente porque Enrique Peña Nieto no había tenido un pronunciamiento enérgico, como jefe de gobierno y de Estado por este fenómeno tan sensible.

 Y Por fín, el 17 de mayo el presidente de la República asumió como tema de Estado la protección a periodistas. Tuvieron que transcurrir cuatro años, cinco meses y dieciséis días del inicio de su mandato y registrarse 37 crimenes de personas vinculadas al ejercicio, para que decidiera intervenir directamente. Ese día solicitó que la plenaria de la Conago se realizará con su presencia y en Los Pinos. Y allí ocurrió el traslado de gran parte de la responsabilidad.

Las lineas presidencial no son poca cosa, aunque sean tardías. No se anunció nada novedoso porque se darán más fortalezas, sobre todo económicas y de reconfiguración de las instancias federales que ya existían: el Mecanismo de protección y la fiscalía especial de la PGR. Es deseo sincero que, a pesar de lo tardío de esa intervención presidencial, les alcance el tiempo para que hagan algo más efectivo estos instrumentos del gobierno federal.

El tigre de la rifa

Mas, lo más trascendente de esa tarde y que pocos se se dieron cuenta es lo principal de esa bola candente fue trasladada a los gobernadores porque, en la mayoría de los casos, han sido omisos a pesar de que entre 2012 y 2013 firmaron compromisos de coordinación con el Mecanismo e hicieronm muy poco o nada. Era, y es, indispensable y urgente que los gobiernos estatales, sus procuradurias y sus secretarías de gobierno actuen. Allí se concentran la mayoría de agravios y crímenes.

La responsabilidad de proteger que recaía en la Presidencia de la República, del Secretario de Gobernación y del Procurador fue repartida desde esa tarde del 17 de mayo. Ahora la federación  se limitará al seguimiento de las medidas, a la elaboración de los protocolos para agentes del Ministerio Público, la asignación de más recursos financieros al Mecanismo y de la Feadle y la recomposición interna para su operación de estas dos instancias.

Pero a Miguel Ángel Mancera, que como presidente de Conago, la cayó la responsabilidad central de lograr que ahora si cumplan los gobernadores con su obligación de proteger; de elaborar el mapa de agravios, las tipologías de agredidos, de agresores y delitos, de promover las reformas o adiciones a los códigos penales de los estados para perseguir a los agresores, de modificar las normas internas de las procuraduría para designar fiscalías o mesas especializada en libertad de expresión, de promover cambios legales para tener mecanismos locales de protección sea mediante una ley especial o decretos de gobierno para garantizar la participación de periodistas y defensores de los derechos humanos. Y con todo eso, los gobernadores, ahora sí, tienen que procurar que se hagan las investigaciones de los crimenes y otros delitos que no hayan sido atraidos con la PGR y que son la mayoría.

En resumen, para la siguiente etapa de la protección del Estado para periodistas, la responsabilidad central se dividió y gran parte se trasladó del gobierno federal a los gobernadores. Y, en lo que resta del 2017 y parte de 2018, la batuta para proteger periodistas de todo el país tendrá que llevarla Miguel Ángel Mancera, el presidenciable por la centro-izquierda.

Todo esto, lo sabemos algunos periodistas pero en cuanto el resto se percate, es seguro que a dónde vaya Mancera, como presidente de Conago le pediremos resultados. Su riesgo es que de no lograrlo y pronto, será averiada su aceptación y decantaría su posible candidatura presidencial. Por todo esto digo que si alguien hubiera planeado esta operación política no le habría resultado tan efectiva. Es mirada de reportero.

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