REFORMAS AL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE HIDALGO (PARTE VI).

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La más reciente reforma al Código de Procedimientos Civiles del Estado de Hidalgo, próxima a entrar en vigor, prevé una serie de modificaciones a las reglas generales de las notificaciones.

Esta es la SEXTA parte de entrega  referente a las modificaciones:

Respecto a la notificación por edictos, el Código actual prevé publicaciones por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Estado y otro periódico local de los de mayor circulación, haciéndose saber al “citado” que deberá presentarse dentro de un término que no bajará de quince, ni excederá de sesenta días después del último edicto en el periódico local.

La reforma ahora señala con precisión que los edictos se publican para hacer de conocimiento a la persona que se emplaza o notifica, sobre los mismos plazos.

Actualmente, aunque no lo señala el Código y bajo la premisa de que el conocimiento del domicilio no es exclusivo de la parte actora y que ello constituye un hecho de conocimiento general, se ordena por parte del juzgador, previo a la orden de los edictos, que se envíen oficios a diferentes dependencias para que informen si cuentan con registro de domicilio de la parte demandada.

Con la reforma se adiciona un párrafo que expresamente ordena que previamente al emplazamiento o notificación por edictos, el juzgador deba ordenar recabar informe de una autoridad o institución pública que cuente con registro oficial de personas y que bastará el informe de una sola autoridad o institución para que proceda la notificación. Lo anterior supone que ese informe debe ser en sentido negativo, es decir, que se indique que no existe registro del domicilio, sin esperar ningún otro informe.

Si la autoridad o institución cuenta con registro, deberá proporcionar los datos de identificación y el último domicilio que tenga. El artículo prevé que esta información (la relativa a los datos de identificación y el último domicilio, no queda comprendida dentro del secreto fiscal o alguna otra reserva que las autoridades o instituciones estén obligadas a observar.

Aquí cabe hacer la reflexión: Si se envían oficios al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para, por ejemplo, averiguar el domicilio de una persona moral y dicha autoridad cuenta con algún registro ¿Debe considerarse obligada a proporcionar la información solo porque una legislación local, dispone que no pertenece al secreto fiscal y dejar de observar las reservas que la ley federal en la materia prevé?

Aprovecho para comentar a mis amigos postulantes: En los casos de edictos para pública subasta de bienes, por favor, no hagan publicaciones de edictos en periódicos que parecen estampitas de San Judas Tadeo; si la publicación no es legible, es motivo de nulidad. No por ahorrarse unos pesos, comprometan la subasta.

Finalmente, el actual artículo 122, prevé el consentimiento expreso de las resoluciones (sentencias, autos, etc.) para considerarse consentidas, lo que en la práctica es contradictorio con el hecho de que, si la parte afectada no opone impugnación alguna, se entiende consentida tácitamente la resolución.

 La modificación que entrará en vigor respecto a dicho artículo, prevé que las sentencias, autos y demás resoluciones judiciales se entienden consentidas cuando no se interpone recurso alguno en contra de la misma.

Continuará…

Mtro. Saúl Ferman Guerrero

 Juez de Civil y Familiar de Tizayuca del

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo.

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