Sosa: respuesta sin pregunta 1.4, preguntas sin respuesta

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Alberto Witvrun.-El presidente del Patronato Universitario Gerardo Sosa Castelán que tiene el control financiero de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) mediante candados que impiden al rector tomar decisiones en esa materia además de manejar las empresas universitarias, sin pregunta de por medio dijo que el dinero “recuperado” de la camioneta de la coordinadora administrativa durante su detención eran 1.4 millones de pesos.

En principio, no se sabe si alguna autoridad constató si esa era realmente la cantidad, tampoco se ha dicho si no se registró algún faltante debido a la forma en que se registraron los incidentes, pero menos se encuentra congruencia en él porque se trasladaba sin seguridad una cifra de esa naturaleza, cuando como lo dijo el rector Adolfo Pontigo Loyola hay un clima de inseguridad en el estado.

Las preguntas que están ahora sin respuesta es si ese millón 400 mil pesos eran para pagar albañiles de un inmueble que la UAEH construye en Tulancingo, es cuándo la institución se convirtió en empresa constructora y porque la ampliación de la infraestructura física de la universidad no se concursa públicamente para evitar sospechas o dudas de una mala administración de los recursos universitarios.

Obvio los detractores de Gerardo Sosa, argumentan que la cifra que transportaba la responsable financiera de la UAEH era mayor por lo que cabe en las cajas que contenía el dinero y que era para pagar  salarios del personal al que se le ordenó apoyar las campañas de sus candidatos y que esperaban su paga concentrados en las instalaciones de servicios generales ubicadas en Pachuquilla sobre la carretera Pachuca – Tulancingo.

La respuesta sin pregunta de Gerardo Sosa, solo generó preguntas sin respuesta y mediáticamente dan razón al Congreso local sobre la necesidad de instalar el Órgano de Control Interno para eliminar opacidad y mejorar la rendición de cuentas de una institución como la UAEH, aunque sus “propietarios” aseguren que aplican 26 auditorías y que el decreto viola la autonomía universitaria.

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